La resolución emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha detonado un choque de declaraciones entre el gobierno de México, organismos internacionales y la sociedad civil. La activación del artículo 34, que traslada el expediente mexicano a la Asamblea General por indicios de crímenes de lesa humanidad, expone las fracturas en la narrativa oficial sobre la crisis de seguridad.
Por un lado, el dictamen del CED establece una postura categórica respecto a la operatividad del Estado. El organismo señala que la responsabilidad estatal no emana de una orden presidencial, sino de la participación directa y la omisión sistemática de corporaciones policiales y autoridades de nivel municipal en colaboración con el crimen organizado, generando una crisis de 130 mil desaparecidos.
En contraparte, el gobierno de México articuló un frente de rechazo absoluto. A través de un posicionamiento conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) descalificaron la resolución del comité, definiendo el documento como «tendencioso» y argumentando una falta de reconocimiento a los avances logrados por la actual administración.
La postura de las dependencias federales exige que se incorpore al debate internacional la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad. Los representantes del Ejecutivo sostienen que la exigencia de abrir carpetas de investigación de manera inmediata en las fiscalías estatales demuestra un cambio de paradigma que el informe de la ONU decide ignorar.
Desde el sector no gubernamental, la organización i(dh)eas y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) emitieron declaraciones que respaldan el fallo del CED. Los representantes de la sociedad civil afirman que los pronunciamientos del gobierno federal carecen de sustento en la práctica, argumentando que las trabas burocráticas en las fiscalías locales mantienen la impunidad estructural intacta.
Los colectivos de familiares de desaparecidos se han sumado a la postura de la FIDH, señalando que la infraestructura anunciada por la SEGOB no ha modificado la realidad en las zonas de mayor incidencia delictiva. Las agrupaciones ciudadanas reiteran que continúan asumiendo la carga física y financiera de las búsquedas debido a la inoperancia de los ministerios públicos.
Con las posiciones atrincheradas, el foro de resolución se traslada a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Allí, las delegaciones diplomáticas debatirán la evidencia presentada por el CED, la réplica del gobierno mexicano y los testimonios de las ONG, con el fin de establecer los parámetros del apoyo forense y técnico que la comunidad internacional enviará al país.
